Especialistas en ciencias económicas y sociales han demostrado, con cifras tomadas de fuentes oficiales, el pobre desempeño de los tan publicitados programas sociales del Gobierno como “Usura Cero”, “Hambre Cero”, “Plan Techo” y otros. El impacto de estos programas en la lucha contra la pobreza ha sido mínimo o casi nulo, según varios organismos de reconocida seriedad y objetividad.

El principal problema de estos programas es que están concebidos y ejecutados con un criterio meramente partidario, populista y clientelista, por lo que resultan ineficaces para la lucha frontal contra la pobreza estructural que padecemos.

Frente a las bien fundamentadas críticas a estos programas es necesario reconocer, si queremos ser objetivos, que hay uno en el que el presidente inconstitucional, Daniel Ortega, si ha tenido un éxito rotundo. Los esfuerzos en este proyecto han alcanzado la meta ambicionada por su promotor. Se trata del “proyecto institucionalidad cero”, que ha generado la mayor concentración de poder en manos de un gobernante que registra nuestra desventurada historia.

Desde el momento en que Ortega tomó posesión de la Presidencia de la República, en enero de 2007, gracias a la infortunada división del liberalismo, se inició la puesta en marcha del proyecto de demolición sistemática de las instituciones democráticas del país, que recién comenzaban a consolidarse a partir del triunfo de doña Violeta Barrios de Chamorro el 25 de febrero de 1990.

En la misma ceremonia de toma de posesión, Ortega aprovechó para recordar al Ejército y a la Policía, que venían constituyéndose en entidades profesionales y apartidarias, sus orígenes sandinistas. Así reveló, desde un principio, su intención de sabotear dicho proceso y poner a las dos ramas de las fuerzas armadas bajo su control personal y al servicio de su proyecto político dictatorial de perpetuarse en el poder.

Cuando Ortega tomó posesión en 2007, la participación del FSLN en los poderes del Estado era minoritaria o casi igual a la del PLC. Bajo el fenicio argumento de que “la calle está dura”, magistrados y contralores se fueron plegando al orteguismo para lograr la reelección en sus cargos. Luego Ortega, gracias al control de la Asamblea Nacional, logró que ahora los orteguistas predominen en el Consejo Supremo Electoral (CSE), en la Corte Suprema de Justicia, en la Contraloría General de la República, la Procuraduría y la Fiscalía.

Con el fraude electoral de noviembre de 2011, Ortega consiguió que el CSE, presidido por Roberto Rivas, le asignara 63 diputados y así disponer de la mayoría calificada que le permitiera consolidar su proyecto. Luego, gracias al fraude cometido en las elecciones municipales de 2012, Ortega se adjudicó la mayoría de las alcaldías del país, lo que le permitió ponerlas al servicio de su proyecto y cancelar la autonomía municipal.

De esta manera, se puso fin a la independencia de los poderes del Estado y se pudo, mediante el control de la Asamblea Nacional, lograr la aprobación de las reformas constitucionales que revirtieron los avances institucionales alcanzados con las reformas de 1995 y elevaron, a rango constitucional, todas las medidas que antes Ortega había tomado en abierta violación del orden jurídico y constitucional.

El avasallamiento que implica el proyecto de concentración del poder ha logrado lo que hace apenas unos cuantos años nos hubiera parecido imposible: arrasar con la autonomía universitaria, que ahora solo existe en el papel para las universidades estatales, y transformar el Ejército y la Policía en fuerzas ya no al servicio de los más altos intereses del país sino de los propósitos dictatoriales y empresariales del presidente inconstitucional, incluyendo el megaproyecto del Canal, violatorio de la soberanía nacional.

Tras el gran prestigio alcanzado por el Ejército, como la institución más creíble del país por su profesionalismo y su apartidismo, es difícil comprender cómo pudo tirarse todo esto por la borda mediante el nuevo Código Militar. Ahora los jefes del Ejército podrán estar indefinidamente en su cargo mientras gocen de la confianza de Ortega y le sirvan con lealtad, que solo se debe a la patria y su soberanía. Se puso fin a un esfuerzo de veinte años y se trastornó la posibilidad de ascenso ordenado, que se venía cumpliendo rigurosamente. Este logro de Ortega es la joya de la corona del “proyecto institucionalidad cero”.

Institucionalidad cero

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